La semana pasada se firmó el decreto que reglamenta la Ley 25.119 (sancionada en 1999) que finalmente pone en funcionamiento a la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Pablo Sirvén escribió sobre el tema en su columna dominical en La Nación, y Fernando Martín Peña salió a responderle en la web. Acá, la controversia.

Una cinemateca que duplica esfuerzos
Desde hace 61 años, funciona la que fundó Roland; ahora, la Presidenta creará una estatal.

Entre tanto tumulto informativo, pasó un poco inadvertido un hecho aparentemente insignificante, pero que no lo es tanto: la firma, el lunes último, del decreto reglamentario de la ley 25.119 que crea la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cinain).

Lo llamativo es que esta norma -idea original de Fernando Solanas ("Pino")- fue vetada a mediados de 1999 por el entonces presidente Carlos Menem. Pero el Congreso insistió poco después y, si bien su texto fue sancionado con leves variantes, durmió el sueño de los justos hasta que vino a despertar en el febril impulso que en estos días le da el Poder Ejecutivo a intervenir más decisiva y polémicamente en el mundo de las comunicaciones argentinas (el avance sobre Papel Prensa, Fibertel y Cablevisión).

No es casual que con el monopolio estatal sobre la TV digital y el Fútbol para Todos, al Gobierno se le empiece a abrir fuerte el "apetito" por los contenidos.

El anunciado nacimiento de nuevas emisoras oficiales por cable, que vendrán a sumarse al siempre atractivo canal Encuentro, ha llevado al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a firmar urgentes acuerdos para que la caldera de la producción propia empiece a funcionar (llamó a concursos de cortos y documentales terminados; puso en marcha un plan operativo de fomento y promoción de contenidos audiovisuales para TV digital y firmó un "convenio de colaboración" entre el Incaa y la Anses, etc.).


Estos movimientos, además, coinciden con otra feliz noticia bibliográfica. La semana pasada, saludábamos la aparición de un libro que recuperaba toda la historia de Radio Nacional. Ahora es el turno de brindar un gran aplauso a El cine cuenta nuestra historia / 200 años de historia, 100 años de cine (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Buenos Aires, 2010), un libraco de casi 500 páginas, en 16 capítulos escritos por expertos que repasan los hitos y fenómenos que lo atravesaron desde que echó a andar la producción nacional y profusamente ilustrado, todo en una impresión de excelente calidad. Tanto el libro de Radio Nacional como éste no llegarán al circuito comercial, lo cual supone una gran contrariedad para aquellos particulares que más que consultarlos sólo en bibliotecas públicas desearían conservarlo, tema que harían bien en resolver las autoridades disponiendo, aunque más no sea, de una partida limitada de ejemplares en algunas conocidas librerías.

En cuanto a que se sistematicen los esfuerzos para resguardar, reparar y preservar el material fílmico producido en nuestro país es algo que también produce alegría y satisfacción. No por casualidad, para la firma en la Casa de Gobierno, además del secretario de Cultura, Jorge Coscia, y la titular del Incaa, Liliana Mazure, concurrieron realizadores de la talla de Juan José Campanella y Luis Puenzo, y a la conferencia de prensa posterior en el hotel NH fueron más artistas y directores de cine que celebraron la novedad.

El Cinain, que nace como ente autárquico y autónomo dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, organizará un museo nacional del cine argentino y se sostendrá primero con el 10% y después, con el 6% de los ingresos del Incaa, recibirá su acervo audiovisual y biblioteca y también lo que tenga al respecto el Fondo Nacional de las Artes.

¿Dónde se podría complicar la cosa? En el cariz de la "invitación" que la Cinain cursará a fundaciones, cineclubes, cinematecas, escuelas de cine y particulares que posean material fílmico a que lo depositen en ella y, peor todavía, la nada velada amenaza del artículo 8, que anuncia: "La Cinain tendrá poder de policía al efecto de obtener información sobre el estado de cualquier producto audiovisual nacional, si estuviese en el dominio público, y de copias que quedarán bajo su custodia".


La información de prensa distribuida por el Incaa para la ocasión incurre en un grave error, que no parece casual, cuando afirma que la Argentina es "uno de los países que no contaban con preservación y difusión de su patrimonio fílmico y audiovisual".

Es difícil desentrañar los motivos psicológicos, políticos y, probablemente, de envidias e ingratitudes que supone desconocer groseramente la inexistencia de la Cinemateca Argentina, encomiable iniciativa privada fundada por el crítico de cine Roland (Andrés Rolando Fustiñana) en 1949 y cuya esforzada labor en el paso del tiempo hasta hoy ha sido continuada por Guillermo Fernández Jurado, Marcela Cassinelli y un reducido grupo de colaboradores. A pesar de contar en su inventario con más de 22.000 títulos, las críticas microfilmadas de todas las películas estrenadas en nuestro país desde 1927 hasta la actualidad (más de 35.000) y notas periodísticas sobre 36.000 personalidades del cine mundial, una colección de 80.000 fotos y 250.000 afiches originales de películas, la Fundación Cinemateca Argentina ha sido ignorada por el Estado nacional y sólo se mantiene por el feliz acuerdo de décadas con la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, cuyos ciclos abastece, y algunas ventas que realiza al exterior como vasto banco de imágenes que es.

Reconocida mundialmente, la Cinemateca Argentina fue en 2009, en coincidencia con su 60º aniversario, sede del 65º Congreso Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y tanto la embajada de Francia, como el Instituto Goethe, distribuidores y coleccionistas particulares confían la custodia de sus materiales a esta institución.

En su editorial principal del martes 10 de julio de 2001, La Nación apuntaba, a propósito de su labor y de las acechanzas que la sobrevolaban, lo siguiente: "El Estado no debe tomar en sus manos aquellas funciones culturales que el sector privado está en condiciones de cumplir con mayor eficacia e idoneidad".

En varios países, las cinematecas nacieron de inquietudes particulares de cinéfilos y los Estados o se asomaron a esta actividad en forma tardía o directamente no sólo no se interesaron nunca, como la Argentina, sino que retacearon apoyo a la silenciosas y profusas actividades de entidades de la excelencia que ostenta la Cinemateca Argentina.

Ojalá que el nacimiento de la Cinemateca Nacional apenas sea una dispersión de esfuerzos y que la tentación del manotazo sobre los tesoros de la entidad creada por Roland, que funciona de manera continuada desde hace 61 años, no ocurra. Y, mejor aún, ojalá que, en cambio, se pueda dar una rica complementación entre la veterana cinemateca privada y la naciente estatal, respetando la identidad e independencia de aquella y sus bien ganados lauros.

Pablo Sirvén
Diario La Nación, domingo 5 de septiembre de 2010

Algunas precisiones sobre CINAIN
El domingo 5 de septiembre Pablo Sirvén utilizó una mayor parte de su columna Entrelíneas de La Nación para sospechar de los fines que persigue la reglamentación de la ley 25.119 de creación de la CINAIN (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional) y, de paso, para levantar las banderas de la Fundación Cinemateca Argentina (FCA), entidad privada que se opuso y se opone a la existencia de este nuevo organismo público. Lo que Sirvén dice allí es lo mismo que antes solían decir sin necesidad de voceros las autoridades de la FCA, Guillermo Fernández Jurado y su esposa Marcela Cassinelli.

Como es su costumbre desde hace décadas, Fernández Jurado y su señora aprovechan la ignorancia de quienes los entrevistan para prolongar equívocos. No acostumbran aclarar, por ejemplo, que la suya no es la única entidad de su tipo en nuestro país y que ni siquiera es la única vinculada a la FIAF (Federación Internacional de Archivos de Films). En la revisión del ilustre pasado de su entidad, Fernández Jurado olvida convenientemente recordar que todas las personalidades notables que la integraron terminaron por apartarse de la misma en abierto desacuerdo con su gestión, como sucedió con el historiador Jorge Miguel Couselo y hasta con el venerable Rolando Fustiñana “Roland”, que en sus últimos años no quería ni oír hablar de él.

Del mismo modo, cuando se queja de que el Estado no lo ayuda, omite recordar a sus interlocutores que recibió, por lo menos, subsidios por un millón y medio de pesos durante la primera gestión de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, y otro medio millón durante la gestión de Manuel Antin en el Instituto Nacional de Cine. De este último monto, además, jamás rindió cuentas. Por otra parte, la Fundación Cinemateca Argentina tiene a su cargo desde hace décadas la programación de la sala municipal Leopoldo Lugones en condiciones económicas muy ventajosas mientras otras entidades se ven obligadas a someterse a los designios de la oferta y la demanda. La excelencia de su programación no se debe a las autoridades de Cinemateca Argentina, como sugiere Sirvén, sino al trabajo del excelente crítico Luciano Monteagudo, cuyo sueldo paga el Teatro Municipal Gral. San Martín. Según una fuente municipal, además, Fernández Jurado cobró hasta hace poco tiempo un importante salario como funcionario de la ciudad, de la época en que era director del Museo del Cine (aunque dejó de serlo hacia 1998), mientras otros empleados a su edad ya estaban jubilados.

Nada de esto es una acusación, desde luego, y no sería necesario señalarlo si Fernández Jurado no se quejara tanto del Estado. Ninguna otra entidad privada dedicada a la preservación y difusión del cine en Argentina recibió nunca toda esa ayuda pública.

Desde que comenzó a atacar el proyecto, Fernández Jurado repite ciegamente algunos argumentos falaces:

A - la CINAIN tendría facultades inadmisibles sobre la propiedad privada;
B - ya habría entidades (como la Fundación Cinemateca Argentina, claro) que cumplen el rol previsto para la CINAIN.

De ambas falacias se hace eco ahora Sirvén pese a que la realidad es más compleja, aunque también lleva más tiempo explicarla.

A - La CINAIN no tiene como fundamento apoderarse del patrimonio de nadie. Es una entidad con recursos para preservar y restaurar, lo que le permitirá hacer convenios con cualquiera de los organismos oficiales o privados que tengan archivos audiovisuales y asistirlos en tareas de mantenimiento que hasta ahora no han podido realizar por problemas de costo y especificidad. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, tiene una importante cantidad de material audiovisual pero su presupuesto no le permite mantenerlo como corresponde porque además debe atender el cuidado de otras reservas documentales. La CINAIN podrá entonces proporcionar los recursos materiales para que ese material audiovisual esté en las mejores condiciones posibles, sin que deje de ser patrimonio del Archivo. La ley 25.119 menciona un "poder de policía", término jurídico de tono desafortunado que Fernández Jurado, su señora y Sirvén interpretan mal pero que tiene precedentes en la legislación de otros países menos obtusos. Es una atribución pensada para que la CINAIN pueda actuar dentro de un marco legal en caso de catástrofes como las que han provocado la pérdida de demasiado material en nuestro país. Si la CINAIN hubiera existido cuando cerraron los laboratorios Alex, por ejemplo, ese "poder de policía" le hubiera permitido tomar a su cargo todo el material que se arrojó a la calle, mucho del cual se perdió para siempre. Se trata de contar con la legitimidad necesaria para evitar las pérdidas materiales irreparables y no para avasallar los derechos de propiedad intelectual, que están debidamente salvaguardados en la ley para evitar malentendidos. En realidad, la idea es exactamente la contraria de la que preocupa a Sirvén: preservar copias y negativos fílmicos implica garantizar que los derechos de propiedad intelectual sigan vigentes. Argentina Sono Film es dueña de los derechos del film Goal! (Moglia Barth, 1936) pero no puede vendérselo a nadie porque no ha conservado copia. Lo patético es que esa situación y otros problemas relacionados con la falta de preservación adecuada, no se da sólo con materiales de 1936 sino también con obras mucho más recientes. Luis Puenzo encontró hongos en los negativos de La historia oficial, Fernando Solanas tuvo que encargar una restauración de su negativo de Los hijos de Fierro, Pablo Trapero no tiene una buena copia en 35mm. de Mundo grúa y siguen las firmas.

B - Es falso que exista en este momento entidad alguna que cumpla con los objetivos para los que fue creada la CINAIN. En Argentina no se preserva sino que, en el mejor de los casos, se guarda. Ningún archivo oficial o privado tiene las condiciones necesarias de temperatura y humedad controladas que garantizan la supervivencia del material audiovisual a largo plazo. Tampoco se restaura, porque "restaurar" implica por ejemplo tomar una copia mala u obsoleta de un film, repararla, sacar de allí un negativo y luego una copia nueva, con los costos de laboratorio del caso. La mayor parte de los trabajos de restauración o preservación que se han hecho en este país en los últimos veinte años no han sido financiados por la Cinemateca Argentina.

Además, así como ni el Fondo Nacional de las Artes, ni el Museo del Cine, ni el Archivo General de la Nación, ni la cinemateca del INCAA cuentan con las facilidades indispensables para cuidar como corresponde el material audiovisual, tampoco tienen los mínimos medios necesarios como para garantizar un buen acceso público al mismo. Cualquier productor, estudiante o simple curioso que haya tratado de encontrar un film que necesitaba o simplemente consultar un listado en alguno de los archivos argentinos sabe de qué estoy hablando.

Para Guillermo Fernández Jurado la palabra "acceso" es especialmente urticante: durante su larga gestión al frente del Museo Municipal del Cine se caracterizó por ocultar celosamente lo que allí se guardaba y basta con comparar sus actividades en ese organismo con la gestión previa de Jorge Miguel Couselo para ratificar la esterilidad de su política. Fue en 1992, durante su gestión, que la copia completa de Metrópolis llegó al Museo pero desde ese momento hasta su alejamiento seis años más tarde Fernández Jurado no sintió la curiosidad elemental de revisarla y así esas latas siguieron allí sin abrirse durante otra década. Demás está decir que esa política oscurantista ha caracterizado también a la Cinemateca Argentina, cuyos films propios están cada vez más ausentes de las exhibiciones de la sala Lugones, reemplazados por material de embajadas o por films en formato DVD. No sorprende, porque cuando Cavallo lo benefició con un millón y medio de dólares, Fernández Jurado no destinó ese dinero a cuidar sus películas sino que se apresuró a abrir una efímera escuela de cine que no tuvo una materia dedicada a la preservación en su currícula y que debió cerrar sin ver egresar a un solo alumno. Eso se llama tener las prioridades confundidas, como el tipo que se tira de un avión y se pone a atar los cordones de los zapatos antes que abrir al paracaídas.

Hay que decir una vez más que no sería necesario recordar nada de esto si no fuera porque el principal problema de Fernández Jurado y su señora no es ya que no hagan lo que materialmente no pueden, sino que tampoco permitan que otros lo intenten. Además de cuestionar reiteradamente con falacias a los que tratan de hacer lo que él no supo, en 2001 la FCA impulsó un proyecto, firmado por el entonces senador Leopoldo Moreau, para reemplazar la CINAIN con una comisión integrada por representantes de diversas entidades que tienen a su cargo archivos audiovisuales (el Museo Municipal del Cine, el Fondo Nacional de las Artes, el archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y, por supuesto, la Cinemateca Argentina). Es decir, se pretendía dejar todo tal como estaba. Esta idea genial contó con el absurdo adicional de que Moreau ya estaba en el Congreso cuando allí se sancionó (dos veces, la segunda contra un veto de Menem) la ley 25.119 de creación de la CINAIN por unanimidad. En ese momento debimos ir con Manuel Antin a la Comisión de Cultura del Senado para explicar el ridículo de esa situación y así el proyecto no prosperó.

La ley de la CINAIN y su reglamentación no fue resultado de la improvisación sino que nació luego de varios años de analizar la situación local e internacional, de pedir oportuna asesoría a gente con experiencia en el tema (algunos de los cuales se negaron a darla, como Fernández Jurado), de pasar por todas y cada una de las fatigosas instancias que corresponden a un proyecto de ley cultural en Argentina. Hace más de medio siglo que la Cinemateca Argentina existe pero no ha podido evitar que el patrimonio audiovisual argentino llegue hasta hoy en estado de emergencia: todos los días se pierden películas, es decir, documentos de nuestra cultura. La política de Fernández Jurado tuvo todas las oportunidades pero ha fracasado. Es hora de probar otra cosa.

Fernando Martín Peña
Lunes 6 de septiembre de 2010